Deuda pública
+530.000 M€ en deuda viva (2018 → 2025)
Junio 2018 – octubre 2026 · Balance con datos públicos
Deuda récord, vivienda inalcanzable, listas de espera disparadas, un exministro y un Fiscal General condenados, y la familia del presidente ante los tribunales. Un repaso con cifras oficiales y enlaces a cada fuente, para que puedas comprobarlo todo.
2018 frente al último dato disponible. Marcamos en rojo lo que empeora y en ámbar lo que mejora con letra pequeña.
+530.000 M€ en deuda viva (2018 → 2025)
+56 % en siete años: récord histórico
De junio de 2018 a agosto de 2026. Y sigue subiendo un 12,2 % al año (INE, 2T 2026), mientras los salarios solo han subido un 23 % en todo el periodo
+46 % de pacientes esperando (dic. 2018 → dic. 2025)
≈13,5 % si se cuentan los fijos discontinuos inactivos. Y 2.º más alto de la UE
Lectura, 451: 23 puntos menos que en 2022. Por debajo de la OCDE en todo
3 con condena (exministro Ábalos, Fiscal General, hermano del presidente), 1 a juicio (Begoña Gómez), 10 en instrucción y 1 escándalo sin causa judicial
Ocho años sin converger con Europa
En cada área, lo que repite el Gobierno y lo que no suele contar. Los gráficos son interactivos: pasa el ratón o toca cada punto.
España crece más que la media europea, pero lo hace sobre todo por población, gasto público y turismo. La deuda bate récords en euros y el Gobierno lleva desde 2023 sin aprobar unos Presupuestos.
El empleo es el dato que más presume Moncloa, y es cierto que hay récord de ocupados. Pero España sigue en el podio europeo del paro y la productividad no despega.
Más del 96 % son fijos discontinuos sin actividad. La reforma laboral entra en vigor en 2022.
Es el gran fracaso que reconocen incluso los socios del Gobierno. Ley de Vivienda en 2023, anuncios constantes de pisos públicos… y precios en máximos.
El índice oficial incluye todos los alquileres, también los contratos antiguos, cuya subida anual está limitada por ley (2 % en 2022-2023 y 3 % en 2024). En los contratos nuevos de 2024 la subida fue del 8,8 %, frente al 2,8 % de los existentes. El INE solo lo publica una vez al año: 2024 es el último dato.
Sánchez: 78.735 viviendas en total entre 2018 y 2025. Incluye las promovidas por todas las administraciones, no solo por el Estado.
Desde 2018, el Gobierno ha encadenado anuncios de vivienda pública, muchos de ellos en plena campaña electoral. A menudo los planes nuevos reetiquetan o suman los anteriores, así que las cifras se solapan. Y el Ministerio no publica cuántas viviendas de cada plan se han entregado: en marzo de 2024 admitió no tener documentos que cuantifiquen la ejecución.
«Plan 20.000»: viviendas en alquiler asequible sobre suelo público, en un plazo de 4 a 6 años.
Qué ha pasado: El plazo venció en 2024 sin balance público. El plan se reetiquetó en 2021 y Sánchez lo «rescató» en abril de 2023 con un anuncio nuevo. Fuente ↗
Plan de Vivienda en Alquiler Asequible: 100.000 viviendas (44.000 de parque público y 56.000 de un fondo social).
Qué ha pasado: Incluía los fondos europeos y las viviendas de Sareb. Se incorporó después al paquete de las 183.000. No hay balance propio. Fuente ↗
20.000 viviendas sociales energéticamente eficientes con 1.000 M€ europeos, con entregas a partir de 2026.
Qué ha pasado: En agosto de 2024, el Ministerio contaba 24.283 viviendas con convenio firmado. No hay cifra oficial de viviendas terminadas. Fuente ↗
50.000 viviendas de Sareb para alquiler social.
Qué ha pasado: Unas 14.000 ya estaban ocupadas. De las 21.000 vacías, en febrero de 2024 solo se habían vendido 350 a comunidades y ayuntamientos (1,6 %). Fuente ↗
43.000 viviendas financiadas con una línea ICO de 4.000 M€.
Qué ha pasado: El Gobierno no ha publicado cuántas viviendas se han terminado con esta línea. Fuente ↗
20.000 viviendas públicas en suelos del Ministerio de Defensa.
Qué ha pasado: Se han anunciado proyectos en Valencia, Sevilla, Madrid y otras ciudades. No hay cifra pública de viviendas terminadas. Fuente ↗
183.000–184.000 viviendas para el parque público, la mitad para jóvenes. Suma Sareb, ICO, Defensa, fondos europeos y planes estatales.
Qué ha pasado: En agosto de 2024 había 80.745 «movilizadas» (44 %). En septiembre de 2026 el Gobierno habla de 120.479 «movilizadas», un concepto que mezcla viviendas entregadas, obras en marcha y pisos de Sareb que ya existían. Según el PP, solo 540 son de nueva construcción y están terminadas. Fuente ↗
PERTE de construcción industrializada: 15.000 viviendas al año (1.300 M€), unas 60.000 en cuatro años.
Qué ha pasado: Todavía en desarrollo. No hay entregas. Fuente ↗
Fondo soberano «España Crece»: 23.000 M€ para financiar hasta 15.000 viviendas al año en alquiler asequible.
Qué ha pasado: Lo gestiona el ICO junto con el sector privado. No hay entregas. Fuente ↗
Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 M€ (2.800 M€ para vivienda protegida).
Qué ha pasado: No fija un número concreto de viviendas. Fuente ↗
Portal de Casa 47 (la antigua SEPES), el «parque público estatal»: 800 viviendas, más otras 1.500 «muy pronto».
Qué ha pasado: 800 viviendas disponibles el día de la presentación. La propia presidenta de Casa 47 tuvo que justificar por qué eran tan pocas. Fuente ↗
La gestión sanitaria es competencia de las comunidades autónomas, pero el Ministerio fija la financiación, las plazas MIR y el Estatuto Marco. El sistema nacional en su conjunto está peor que en 2018.
La LOMLOE («ley Celaá», 2020) se aprobó sin consenso y permite pasar de curso con asignaturas suspensas. El abandono escolar mejora; lo que aprenden los alumnos, no. PISA 2025, publicado el 8 de septiembre de 2026, es el primer examen internacional hecho por alumnos que han estudiado casi toda la ESO con la LOMLOE.
Lectura 2018: la OCDE no publicó el dato de España por anomalías en la prueba.
El «escudo social» ha sido la bandera del Gobierno. Pero en 2025 España volvió a ser, según Eurostat, el país de la UE con más pobreza infantil. Y la pobreza energética, que se disparó con la crisis de precios de 2022, sigue el doble de alta que antes.
15,9 % en 2025 = 7,8 millones de personas. El máximo llegó en 2023, tras la crisis de precios de la energía.
Las llegadas irregulares batieron récords en 2018 y en 2023-2024, con la crisis de Canarias. En 2025 cayeron con fuerza, pero la ruta se ha desplazado a Baleares, Ceuta vivió en julio de 2026 la mayor entrada masiva de su historia y el Gobierno aprobó una regularización extraordinaria con más de un millón de solicitudes.
2026: dato provisional de enero a septiembre. No incluye la entrada masiva en Ceuta de julio de 2026, la mayoría de cuyos participantes regresó a Marruecos.
Pandemia, volcán, inundaciones, apagón, incendios y el peor accidente de tren en trece años. En cada caso separamos lo que dependía del Gobierno central de lo que gestionaban las comunidades, y señalamos lo que falló.
Para ser justos: La pandemia golpeó a todos los países y la sanidad la gestionan las comunidades autónomas. La campaña de vacunación fue un éxito reconocido internacionalmente.
Para ser justos: El Gobierno asegura haber movilizado 1.040 M€ en total: 238 M€ del Consorcio de Seguros, el 100 % de las ayudas a primeras viviendas (hasta 60.000 € por hogar) y una rebaja del 60 % en el IRPF durante tres años. La vivienda pública es competencia del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos.
Para ser justos: La gestión de la emergencia correspondía legalmente a la Generalitat, como han confirmado la Fiscalía y la jueza de Catarroja. AEMET emitió la alerta roja a las 7:36 de la mañana.
Para ser justos: Los expertos europeos hablan de un origen multifactorial, sin un único culpable. El Gobierno aprobó en junio de 2025 un decreto para reforzar el sistema eléctrico.
Para ser justos: La extinción es competencia de las comunidades autónomas; el Estado aporta medios aéreos, las brigadas BRIF y la UME. Las olas de calor extremo agravaron ambas temporadas.
Para ser justos: La comisión oficial de investigación (CIAF) y el juzgado siguen trabajando. No hay todavía responsabilidades penales determinadas.
Cargos del PSOE, del Gobierno y del entorno del presidente. Indicamos siempre la fase procesal exacta: quien no tiene sentencia firme goza de la presunción de inocencia.
Comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia a través de empresas sin experiencia. El Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 (con límites de cumplimiento de 16 y 15 años) por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Aldama, 4 años y medio con la pena suspendida por colaborar.
Primer Fiscal General de la historia sentado en el banquillo. El Supremo lo condenó a 2 años de inhabilitación, multa de 7.300 € y 10.000 € de indemnización por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso (5 votos a 2). Dimitió días después. Pedro Sánchez declaró públicamente que seguía creyendo en su inocencia.
La Audiencia de Badajoz condenó al hermano del presidente a 9 años de inhabilitación por prevaricación: su puesto en la Diputación se modificó en 2022 «a la medida» de sus intereses. Gallardo, presidente de la Diputación, fue condenado a 18 años de inhabilitación por dos prevaricaciones. El tribunal no vio probado el tráfico de influencias. La Fiscalía había pedido la absolución. Cabe recurso.
El juez Peinado abrió juicio oral ante jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por presunto tráfico de influencias (cátedra de la Complutense y gestiones a favor del empresario Juan Carlos Barrabés) y malversación (uso de una asesora pagada por Moncloa para sus asuntos privados). La investigación motivó los «cinco días de reflexión» de Sánchez en abril de 2024. Presunción de inocencia: no hay sentencia.
Pieza del caso Koldo sobre presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública a constructoras en Navarra y otros territorios. Un informe de la UCO situó a Cerdán, nº 3 del partido, en el centro de la trama. Dimitió en junio de 2025 y pasó casi cinco meses en prisión provisional. Sigue en instrucción en la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional investiga una presunta operación para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigaban causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente. El juez Pedraz atribuye provisionalmente organización criminal, cohecho, revelación de secretos y otros delitos. La UCO concluye que Leire Díez rendía cuentas a Cerdán. También se analizan pagos del partido.
Es una rama del caso Leire Díez. El juez Pedraz imputó a 25 personas, entre ellas a la presidenta de la SEPI, el holding que agrupa las empresas públicas, por presuntos amaños en contratos y rescates públicos. Según los investigadores, Díez, Fernández Guerrero, Alonso y Cerdán habrían hecho de intermediarios entre intereses privados y cargos públicos para orientar adjudicaciones y ayudas del Estado. El nombre viene de Hirurok, la empresa de Alonso. Presunción de inocencia.
La Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE en dos frentes. El juez Ismael Moreno analiza, en una pieza secreta, los pagos en efectivo que hizo el partido entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y personas cercanas, para saber si encubren financiación ilegal, blanqueo o malversación. Además, el 31 de julio de 2026 el juez Pedraz abrió otra pieza para rastrear los pagos del PSOE a los miembros de la trama de Leire Díez. Todavía no hay imputaciones por financiación ilegal.
Presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA de los carburantes entre 2022 y 2024, a través de la empresa Villafuel. Según la UCO, se enviaron 74 millones «de procedencia delictiva» a Portugal, China y Colombia. Aldama es el mismo empresario que admitió haber pagado comisiones a la trama de Ábalos y Koldo. Presunción de inocencia.
En 2020 la SEPI concedió a Air Europa un rescate de 475 millones de euros. Según informaciones publicadas en 2024, la aerolínea patrocinaba un proyecto de la escuela de negocios que dirigía Begoña Gómez, y su consejero delegado se había reunido con ella. En junio de 2026 un juzgado de Madrid admitió las querellas de PP, Vox y Manos Limpias por posible prevaricación: según los querellantes, la empresa tenía deudas con Hacienda y había repartido dividendos, y eso no se evaluó como exigían las normas. Presunción de inocencia.
La Guardia Civil detuvo a seis personas por presuntos sobornos para lograr permisos ambientales de parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel. Entre los detenidos está un exsubdirector del Ministerio que dirigía Teresa Ribera, al que se señala como pieza clave para facilitar las autorizaciones a cambio de dinero. Delitos investigados: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo y organización criminal. Teresa Ribera no está investigada. Presunción de inocencia.
El Tribunal Supremo admitió la querella de la Fiscalía contra el senador socialista por proponer como jueza de paz a su esposa, militante del PSOE. Los jueces de paz no pueden estar afiliados a partidos, así que podría tratarse de un delito de nombramiento ilegal (artículos 405 y 406 del Código Penal). Presunción de inocencia.
En 2021 la SEPI rescató con 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea pequeña con vínculos venezolanos. En mayo de 2026 el juez Calama (Audiencia Nacional) imputó a Zapatero como presunto líder de una «estructura estable» de tráfico de influencias para lograr beneficios intermediando ante el Gobierno. Es el primer expresidente investigado por corrupción. También están investigadas sus dos hijas y su secretaria, y el juez examina en una pieza aparte unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros de origen poco claro. Presunción de inocencia.
Presunta trama de cobros a empresarios a cambio de influencias ante la Administración, con fiestas pagadas en Madrid. El diputado socialista entregó su acta en febrero de 2023 al conocerse la investigación.
Ábalos se reunió en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen por sanciones de la UE. El Gobierno dio hasta cinco versiones distintas. Las querellas no prosperaron, pero el episodio reapareció en el caso Koldo.
Decisiones que juristas, oposición e incluso antiguos dirigentes socialistas han criticado por tensionar la separación de poderes.
El Gobierno indulta a los nueve condenados por sedición, con informe contrario del Tribunal Supremo.
Reforma del Código Penal pactada con ERC, que beneficiaba a condenados e investigados del procés.
Se disparan las revisiones de condenas. El Gobierno tarda meses en reformar la ley, entre choques internos de la coalición.
Sánchez, que en campaña había dicho que la amnistía no cabía en la Constitución, la pacta con Junts para ser investido.
Avalada después por el Tribunal Constitucional (2025) y por el TJUE (16 jul. 2026), que no examinó su constitucionalidad sino su encaje en el derecho europeo.
El Constitucional, con mayoría progresista, estima los amparos de exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el mayor caso de corrupción de la democracia.
Los PGE de 2023 se prorrogan tres años seguidos. El Gobierno recurre a decretos-ley, muchos de ellos «ómnibus», varios tumbados en el Congreso.
Primer Fiscal General condenado. El presidente cuestiona públicamente la sentencia del Supremo.
Dirigido por un exdirigente socialista, sus estimaciones electorales se han alejado repetidamente de los resultados reales a favor del PSOE.
No son cambios de matiz: son compromisos explícitos, con fecha y testigos, seguidos de la decisión opuesta. Él lo llama «cambiar de opinión».
Sánchez rechazó la coalición con Podemos porque no dormiría tranquilo por las noches, «como el 95 % de los españoles», si les daba ministerios clave.
Dos días después de las elecciones del 10 de noviembre firmó el preacuerdo con Pablo Iglesias, y en enero formó el primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos, con Iglesias como vicepresidente.
«Acatamiento significa su cumplimiento, su íntegro cumplimiento». Descartó los indultos.
Indultó a los nueve líderes independentistas condenados, con el informe en contra del Tribunal Supremo. Lo justificó como un gesto por la «concordia».
«Me comprometo a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia».
Negoció con Puigdemont su investidura. Santos Cerdán se reunió con él en Bruselas, bajo una foto gigante de las urnas del 1-O, y la Ley de Amnistía lo incluyó entre sus beneficiarios.
«El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar» y que «no entra en la Constitución». Una decena de sus ministros dijo lo mismo.
Pactó la amnistía con Junts y ERC a cambio de sus votos para la investidura. La ley entró en vigor en junio de 2024. Él mismo lo presentó como «hacer de la necesidad virtud».
Prometió castigar en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales para que no se repitiera lo ocurrido en Cataluña.
Suprimió el delito de sedición, lo sustituyó por «desórdenes públicos agravados» y rebajó la malversación, pactándolo con ERC. El delito de referéndum ilegal nunca se creó.
«Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, se lo digo cinco veces, o veinte».
Bildu ha sido socio estable: votó sus presupuestos y su investidura de 2023. En diciembre de 2023 el PSOE entregó la alcaldía de Pamplona a Bildu con una moción de censura.
PSOE y Podemos firmaron con Bildu la «derogación íntegra» de la reforma laboral de 2012 a cambio de su apoyo para prorrogar el estado de alarma.
Moncloa rectificó esa misma noche. La reforma laboral de 2021 mantuvo el abaratamiento del despido del PP.
Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP («ley mordaza») fue una promesa repetida en los programas electorales del PSOE y en el acuerdo de coalición de 2019.
Ocho años después, la ley sigue en vigor y la reforma está bloqueada en el Congreso por las discrepancias entre los propios socios del Gobierno.
Cuando el Congreso tumbó sus Presupuestos, Sánchez convocó elecciones: entre gobernar con presupuestos «que no son nuestros» y «dar la palabra a los españoles», eligió lo segundo.
Gobernó tres años con los Presupuestos de 2023 prorrogados, sin lograr aprobar unos nuevos, y defendió que era «plenamente constitucional».
En las primarias de 2014 propuso limitar a dos legislaturas el mandato del presidente. El programa del PSOE de 2015 lo incluyó, y el pacto que firmó con Rivera en 2016 fijaba un «periodo máximo de ocho años consecutivos».
En 2025 el Gobierno defendió un tercer mandato. En 2026, tras ocho años en la Moncloa, Sánchez ha confirmado que quiere volver a ser el candidato del PSOE.
Marruecos, Argelia, Argentina, Israel, Venezuela y Estados Unidos. Algunas decisiones se pueden defender por principios; lo que tienen en común es la improvisación, los giros sin consenso y un país con relaciones rotas o degradadas con varios socios clave.
El ministro Ábalos se reúne en Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar territorio Schengen por sanciones de la UE. El Gobierno llega a dar cinco versiones distintas.
Fuente ↗España acoge en secreto, para tratarle en un hospital, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Marruecos responde relajando la frontera: unas 10.000 personas entran en Ceuta en pocas horas. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, es cesada dos meses después.
Fuente ↗Sánchez apoya por carta el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista». Rompe 46 años de posición española sin consultar al Congreso ni a su socio de Gobierno. Argelia suspende en junio el Tratado de Amistad y congela el comercio con España: cuatro años de crisis.
Fuente ↗El Gobierno revela que los móviles de Sánchez y de la ministra de Defensa fueron infectados con el programa espía Pegasus en 2021. Según informaciones publicadas en febrero de 2026, el espionaje se atribuye a Marruecos.
Fuente ↗En un acto de Vox en Madrid, Javier Milei llama «corrupta» a Begoña Gómez. España exige disculpas, Milei se niega y el Gobierno retira de forma definitiva a su embajadora en Buenos Aires.
Fuente ↗España reconoce el Estado de Palestina (28 de mayo de 2024) e Israel retira a su embajadora. En septiembre de 2025, España prohíbe que pasen por sus puertos y su espacio aéreo armas con destino a Israel y llama a consultas a su embajadora. En marzo de 2026 la cesa: las relaciones quedan al nivel de encargado de negocios.
Fuente ↗El candidato opositor, al que observadores independientes daban la victoria en las presidenciales, sale de Venezuela hacia España. Después denuncia que se le obligó a firmar un documento bajo «coacción», en una reunión celebrada en la residencia del embajador español. En 2026, tras la caída de Maduro, Sánchez apuesta por el diálogo con Delcy Rodríguez, lo que critica parte del exilio venezolano.
Fuente ↗España es el único aliado que no se compromete al 5 % del PIB en defensa. Trump amenaza con aranceles «de castigo» y llega a sugerir su expulsión de la OTAN. En marzo de 2026, el Gobierno impide usar Rota y Morón para atacar Irán. Trump responde: «Vamos a cortar todo el comercio con España».
Fuente ↗Unas 49.000 personas entran en Ceuta en 24 horas, según las autoridades españolas. El Gobierno habla de un bulo difundido por WhatsApp y defiende que la cooperación con Rabat es «muy razonable».
Fuente ↗Tres meses después de visitar Argel para cerrar la crisis, Sánchez aplaza sin fecha la cumbre bilateral prevista en Madrid, con los preparativos ya en marcha. Se abre un nuevo frente con el principal proveedor de gas por gasoducto de España.
Fuente ↗Escaños del PSOE en las autonómicas del último ciclo, antes de la convocatoria de generales.
Peor resultado de su historia en la comunidad. Candidato: Miguel Ángel Gallardo, después condenado.
Resultados ↗Candidata: Pilar Alegría, ministra y portavoz del Gobierno.
Resultados ↗Única subida del ciclo, insuficiente: el PP gobierna con 33 escaños.
Resultados ↗Peor resultado histórico del PSOE en Andalucía (22,7 %). Candidata: M.ª Jesús Montero, vicepresidenta y nº 2 de Sánchez.
Resultados ↗Esta web es un ejercicio de crítica política basado en información pública. Todas las personas investigadas o acusadas sin sentencia firme gozan de la presunción de inocencia. Las sentencias que pueden recurrirse se identifican como «no firmes».
¿Has visto un error? ¿Me falta algo? Son tantas tropelías que se me ha podido cruzar algún dato. Escríbeme a ochodeperrosanche@gmail.com.
Datos actualizados a 5 de octubre de 2026.